Una nueva entrega de InfoPlus, la columna de opinión de José M. Galetto. Que dice el Códigó Penal y la Constitución Nacional.

Por CPN. José Miguel Galetto
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Hace pocos días, tuvo lugar el disloque jurídico de una Ley del 2 x 1 obsoleta, que irrisoriamente reducía a la mitad la pena de los condenados y que fue rápidamente anulada por el Congreso y repudiada por la ciudadanía en una congregación multitudinaria.

Precisamente aprovecho esta última, para dar una mirada al trato que le suelen dar los jueces a estas manifestaciones de protesta social. Dos factores merecen citarse:

1) La debilidad de los jueces “supremos” (para este caso), en decidir sobre una cuestión de interés colectivo y amparado por la Constitución Nacional, lo que le ha hecho perder credibilidad. (Hoy parece que se pide un paso al costado de los 3 jueces que votaron a favor).

2) Ello permite investigar la discusión del tratamiento judicial en casos de protesta social genérica muy proclives en Argentina, sea partidista, violenta o no, o simplemente de libertad de expresión (más valorativa cuando de muchedumbre se trata).

Una sola pregunta basta para el planteo: ¿Cómo la aplicación judicial de una ley -que ha consagrado el poder legislativo que es quien las hace-, puede ser contraria a la actitud dominante dentro de la justicia y difícil de ser entendida por el sentido común de la ciudadanía?

Los jueces, que deben fundamentar con argumentos sólidos su fallo, las más de las veces se basan en un primitivo argumento: “los derechos tienen un límite” = el derecho de uno termina donde empieza el del otro”. Muy pobre para decisiones drásticas.

¿Cuál es el límite: ¿la palabra del Presidente, la opinión de la mayoría o el que está en las preferencias del juez? ¿Se tiene en cuenta el Cód. Penal y no la Constitución Nacional? Varias veces dije que los jueces deben ser probos e idóneos. Aún con buena fe, deben reunir condiciones eruditas para un cargo en la Corte Suprema. Se le dice a la comunidad que por ej. es necesario impedir una marcha.

Y el basamento es: “Ud. tiene derecho a protestar, pero no significa que lo haga de cualquier modo, perjudicando a otros que van a su trabajo o necesitan transitar libremente, pasándole por encima al interés común y descuidando el interés general del país!!!

Los partidarios del orden dan una respuesta más corta y simple: “Ud. ha violado la ley”. Agregan: hay un “conflicto de derechos”, ya que los manifestantes tienen a su favor -entre otros- el derecho a la “legítima defensa” por el lado del derecho Penal y el de la libre expresión, el de reunión y amplios derechos sociales según el Art. 14 Bis de la Constitución Nacional.

Replican: “Ud. está actuando como si los suyos fueran <absolutos>. Si tiene derecho a criticar al gobierno, el resto de la sociedad tiene derecho al libre tránsito y otros esenciales como ir a trabajar o a un hospital”. Por el otro lado, los derechos de este rango llevan a una discusión, porque parecen ser violados por actos y omisiones del Estado.En doctrina, la discusión jurídica es infinita sobre el modo de abordar la protesta social.

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